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Aprueban agravar pena para daños en edificios públicos en BC

Autor: Radio Fórmula RF BC

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Fecha: 11 enero, 2018

(Notimex).- La Comisión de Justicia del Congreso estatal aprobó, con cuatro votos y una abstención, agravar la pena por el delito de daño en propiedad ajena e incluir el daño a edificios públicos.

En sesión de trabajo, la presidenta de la referida comisión, Victoria Bentley Duarte, indicó que se trata de la reforma al artículo 228 TER del Código Penal del Estado que trata sobre la agravación de esta pena.

Con la modificación, los integrantes de esa comisión avalan que se imponga prisión de tres a nueve años y hasta mil días de salario multa, a quienes deterioren o destruyan edificios públicos, manifestó.

La inicialista argumentó que los inmuebles representan el lugar de trabajo de los distintos órganos de gobierno y su perjuicio lesiona la prestación de servicios públicos, además de que se afecta el patrimonio de la colectividad.

Mencionó que en el referido artículo se castiga actualmente a quienes afecten inmuebles de instituciones educativas y culturales tanto públicas como privadas, parques y jardines públicos, así como bienes del patrimonio cultural.

La Comisión de Justicia del Congreso bajacaliforniano también avaló una iniciativa de la legisladora Alfa Peñaloza, con cinco votos para modificar el antepenúltimo párrafo del artículo 242 bis del Código Penal.

Con esta modificación incrementarían las penalidades en materia de violencia familiar a quienes atenten contra personas con discapacidad y adultos mayores.

También dieron el sí de forma unánime a una reforma presentada por el diputado José Félix Arango Pérez, que tiene la intención de aumentar la punibilidad para el delito de extorsión, al modificar el mínimo y máximo de la pena.

Este quedaría: “Al que para obtener un lucro obligue a otro a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, se le impondrá prisión de siete a doce años y hasta 400 días multa”, pena que es de seis a 10 años.

Este órgano de trabajo legislativo avaló, asimismo, reformar el citado Código con el propósito de ampliar el delito de abandono de personas, a fin de incluir no sólo a descendientes o a quien tenga el deber legal de cuidar a un adulto mayor.

También contemplaría, en general a cualquier persona que haya sido confiada la guarda y protección del mayor de 60 años, lo cual fue propuesto por el asambleísta Carlos Torres Torres.

También busca sancionar el abandono a quien teniendo el deber legal de su cuidado, confíe a un tercero la guarda y protección de un adulto mayor, pero posteriormente lo someta a condición de abandono, al no proporcionar los elementos para su asistencia.

La comisión avaló una reforma que adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 300 del Código Civil de Baja California, cuya inicialista es la diputada Eva María Vásquez Hernández.

Esta reforma está encaminada a la protección de la niñez y adolescencia con derecho a recibir alimentos. Uno de los párrafos que se agrega, es el siguiente:

“Cuando el Juez se percate de cualquier riesgo o peligro en la integridad y desarrollo de niños y adolescentes quienes tienen derecho a recibir alimentos, por parte de quien está obligado a bridarlos”.

Esta, “deberá de tomar de manera oficiosa todas aquellas acciones que estén a su alcance para salvaguardar la seguridad, continuidad y restitución del derecho”, obligación aplicable aun cuando situaciones de riesgo o peligro no formen parte de la litis.

La reunión se llevó a cabo en el Organo de Fiscalización Superior del Estado con sede en Tijuana, ante el secretario, Raúl Castañeda y los vocales Andrés de la Rosa, Luis Moreno, Alfa Peñaloza y Eva María Vásquez.